Miscelánea

Dando alas a los alacranes

José C. Serrano Cuevas.

El martes 13 del airoso mes de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió una resolución que habrá de aplicarse en todo el país al declarar que son constitucionales las revisiones policiacas a personas y vehículos aun sin orden judicial.

Ante esta iniciativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) empató su posición con la que sostienen los ciudadanos, al considerar que ese mandamiento puede seguir generando violaciones a las garantías fundamentales. El organismo autónomo subrayó que entre los derechos que pueden ser vulnerados se encuentran la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, libertad personal y el principio de legalidad.

La CNDH abunda en su fundamentación jurídica, al señalar que la resolución avalada por la SCJN faculta a la autoridad policial a llevar a cabo la inspección de una persona o de su vehículo por la simple existencia de una “sospecha razonable”, lo cual contraviene los principios procesales y directrices básicas del sistema penal acusatorio mexicano.

Los jueces del máximo tribunal del país, los ministros de toga impoluta, desde sus faraónicos asientos, comunicaron mediante una tarjeta informativa que tal resolución no permite a los policías realizar inspecciones a su antojo. Como si quisiera aplicar un remedio después del descalabro, la Corte explicó que las inspecciones sólo pueden realizarse cuando exista una denuncia de hechos delictivos “ya sea de manera informal ante un policía o de manera formal ante el Ministerio Público”.

El comunicado cita como ejemplo: “cuando se avisa a la autoridad de que en ese mismo momento se está cometiendo un delito y se solicita su intervención. Es decir, se trata de delito flagrante. En estos casos el agente puede practicar una inspección sólo si tiene una sospecha razonable de que la persona coincide con las características denunciadas”.

El asunto de fondo es detener a conductores de los que se sospecha que van armados y que en sus vehículos transportan drogas ilegales en cualesquiera de sus modalidades. La aclaración de la SCJN fue tardía, porque los ciudadanos, organizados o no ya habían vislumbrado lo peligroso de la medida lanzada por los burócratas mejor pagados del país.

Los ministros, culiatornillados a sus áreas de confort, no conocen la realidad que se vive en el país; son incapaces de caminar por las calles ubicadas en el entorno de su palacete; no han presenciado la práctica de detenciones arbitrarias constantes, lo que puede dar entrada a que los uniformados “siembren” evidencias, ya sea armas o drogas, en pertenencias de los probables sospechosos. La “Hermandad”, grupo de élite promovido por Arturo Durazo Moreno, el negro, sigue vigente y actuante, como toda mafia que se respete.

El policía de a pie es un pobre jodido, que acata órdenes de los de ariiba. Su supervivencia es miserable; la quincena no es suficiente para mantener decorosamente a la familia; si utiliza cartuchos en acciones disuasivas se los descuentan de su sueldo; está obligado a extorsionar a ciudadanos inocentes para pasar su cuota al comandante. Esta realidad bien merece una investigación de campo por parte de quienes suelen ataviarse con trajes de fina hechura; de quienes dejan a su paso aromas perfumados con los que intentan disfrazar la fetidez de sus inmoralidades, como las que cometió el ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, apalancado por Vicente Fox Quesada, un tonto de capirote.

Los ministros de la SCJN diseñan sus proyectos desde otra dimensión que rebasa la realidad del país. De sus viajes al extranjero conservan en su memoria imágenes de la policía británica, suiza, noruega, francesa. No saben, o prefieren ignorar, que con su resolución del martes 13 de marzo están dando alas a los alacranes.